Ambas instituciones realizarán actividades formativas conjuntas dirigidas a miembros de la Carrera Judicial y al personal funcionario y laboral de la Diputación cacereña y de los ayuntamientos de la provincia. El próximo mes de octubre tendrá lugar un foro de debate que reunirá a una treintena de jueces de todo el territorio nacional.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, han firmado hoy, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, un convenio de colaboración en materia de formación que tiene por objeto la realización de actividades conjuntas en cuantas materias de Derecho público y privado resulten de interés común.
Estas actividades, que podrán consistir en seminarios, jornadas y cursos, irán dirigidas tanto a miembros de la Carrera Judicial como al personal funcionario y laboral de la Diputación cacereña y a los alcaldes y alcaldesas y al personal de los ayuntamientos de la provincia, con la finalidad de promover el mutuo conocimiento de las respectivas realidades de cada institución.
La realización de esas acciones formativas conllevará una mejora en la prestación del servicio público a los ciudadanos y ciudadanas y en el cumplimiento de la legislación, normas y especificaciones aplicables en el ejercicio de las competencias y funciones en sus respectivos ámbitos de actuación.
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que se siente orgulloso del trabajo que se ha hecho desde ambas instituciones para la puesta en marcha de un convenio “que está destinado principalmente a la formación de los y las empleadas públicas, también a cargos electos en el conocimiento en asuntos complejos como son el urbanismo, contratación pública, medioambientales. Con este convenio se posibilita la interconexión para formar a los funcionarios, a los cargos públicos y, por ende, que repercuta en beneficio del servicio que se presta a la ciudadanía”.
“Esto es lo que queremos, modernizar, formar y que la Diputación Provincial de Cáceres esté en la vanguardia del conocimiento y de la mano del poder judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de los jueces y magistrados no solo de la Comunidad Autónoma sino también del resto del país”.
Foro de debate previsto para octubre
Por su parte la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha señalado que “hoy es un día importante porque culmina una fase de trabajo que está detrás y es lo que menos se ve. Hace tiempo la Diputación de Cáceres y la Sala de Gobierno del TSJE pensamos que este convenio era bueno -y que por competencias tiene que firmarlo la presidenta del Consejo General del Poder Judicial- para trabajar conjuntamente en la formación de profesionales que trabajan en Diputación y jueces y magistrados, y esa formación va a repercutir en una mejor prestación de los servicios públicos que las distintas administraciones tenemos”
La Presidenta ha anunciado que el convenio permitirá “crear un foro de debate que se tiene previsto se celebre en otoño y que reúna a unos treinta jueces de todo el territorio nacional, lo que nos enriquecerá a todas y todos y aportará un abanico de visiones, posibilidades, de prácticas y dinámica, y a profesionales del ámbito local y provincial; lo servicios jurídicos de la Diputación de Cáceres que prestan servicios a los ayuntamientos, secretarios y secretarias de ayuntamientos y demás personal con una relación directa práctica del Derecho”
Mediante el convenio, la Diputación de Cáceres se compromete a difundir el contenido de éste entre los ayuntamientos de la provincia a fin de que tengan adecuado conocimiento de su celebración y de las acciones formativas que se emprendan en su ejecución, en las que podrán participar la propia Diputación y sus Organismos Autónomos, así como las Entidades Locales de la provincia.
El convenio tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y la coordinación de las actividades necesarias para su ejecución corresponderá a una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes.
